Con información de López-Dóriga Digital
Se prevé la discusión de la reforma judicial en el pleno del Senado de la República el miércoles 11 de septiembre
Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron en lo general y lo particular la reforma judicial que impulsa Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Así, la iniciativa pasará al pleno de la Cámara Alta, donde se prevé su discusión y votación el miércoles 11 de septiembre.
La reforma al Poder Judicial ha desatado diversas protestas en México, entre ellas un paro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como marchas estudiantiles en contra de la iniciativa, lo que orilló a los legisladores a llevar a cabo la sesión en una sede alterna, ya que los accesos al Palacio legislativo fueron bloqueados por los inconformes.
El dictamen, propuesto en un paquete de 20 reformas en febrero pasado por López Obrador, avaló entre otros puntos: reducir de 11 a 9 los ministros de la SCJN y que su encargo pase de los 15 a los 12 años, además de dos elecciones para renovar los cargos del Poder Judicial, la primera de ellas extraordinaria, en junio de 2025 y una segunda en 2027.
También contempla la eliminación de la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros de la Corte, y un ajuste a sus remuneraciones al tope máximo establecido para el presidente de México.
Además de sustituir el Consejo de la Judicatura Federal por dos instituciones, incluyendo un Tribunal de Disciplina Judicial, y la eliminación de las dos salas con las que cuenta actualmente la Suprema Corte.
La reforma judicial en México ha levantado advertencias por organismos multilaterales, como las Naciones Unidas; organizaciones empresariales, como la International Chamber of Commerce; calificadoras, como Fitch; y entidades como Citibanamex, Stanley Morgan y UBS, entre otros como las embajadas de Estados Unidos y Canadá, por representar riesgos a la inversión privada, tratados comerciales y posibles sanciones económicas.